LA TRANSICIÓN CHILENA MIRADA DESDE AFUERA

por Daniel Brieba

Hace unos días, en una actividad del Departamento de Cs. Políticas de la Universidad de Oxford, me puse a conversar con otro compañero que, al igual que yo, viene recién llegando al programa de doctorado. De inmediato me preguntó por Chile y por su política, y en particular por la dictadura (fuera de Chile nadie le dice “el Gobierno Militar”). Me impresionó su nivel de conocimiento del caso chileno, dado que este personaje es albanés, y yo al menos de Albania sé poco y nada. Algo me preguntó por los años de Allende, pero lo que más le llamó la atención fueron los detalles que le conté sobre la transición chilena- cómo a comienzos de los ’80 la DC y el PS forjaron una alianza política y coordinaron la oposición, cómo algunos personajes políticos volvieron a Chile con permiso del régimen y otros igual volvieron aun sin tener garantías, cómo la propia Constitución de 1980 establecía el mecanismo institucional a seguir incluyendo un plebiscito revocatorio en 1988, etc. Le llamó mucho la atención la naturaleza de la negociación política involucrada, en que la oposición renunció a la vía armada a cambio de un compromiso del régimen militar de respetar los mecanismos institucionales que él mismo había diseñado, incluyendo el plebiscito. Pero lo que más le costaba entender era que siquiera se hubiesen producido conversaciones entre la Junta y la oposición- ¿Y Pinochet dejó en libertad a los líderes de la oposición? ¿Conversó con ellos? ¿Dejó que se organizaran? Y claro, yo le respondía que no fue tan así la cosa, que muchos líderes de la oposición corrieron riesgo personal en varios momentos, que no había precisamente garantías jurídicas a la libertad de asociación, que a un destacado líder lo metieron a la cárcel después del atentado a Pinochet en 1986, que las conversaciones entre los bandos fueron muchas veces indirectas, etc., pero que, al fin y al cabo, sí había habido oposición organizada y sí habían habido eventualmente negociaciones políticas formales. Su impresión con la historia sólo se reforzó cuando le conté que la dictadura había aceptado sin chistar su derrota en el plebiscito y se había ido 15 meses después.

 

A nosotros esta historia nos es tan conocida que no llama la atención. Pero a ojos del resto del mundo, la forma en que la dictadura llegó a su fin es profundamente sorprendente. Las dictaduras normalmente se van cuando colapsa su estructura de apoyo, es decir, la alianza específica de intereses que los mantenía en el poder. Generalmente esto sucede tras una crisis económica, la muerte del líder o una derrota militar (como en Argentina). En cambio, una transición pactada y gobernada por mecanismos constitucionales preestablecidos es un acontecimiento sumamente raro. Le sugerí a mi amigo albanés que quizás esta particularidad se había debido a la fortaleza de nuestra institucionalidad democrática anterior, que nos había legado partidos estables y con identidades fuertes, una tradición republicana relativamente apegada al cumplimiento del Estado de Derecho, y a una sociedad civil aun acostumbrada (a pesar de todo) a vivir en democracia, de tal forma que cuando Pinochet y una parte del ejército (según lo reporteado por La Tercera hace unas semanas en su artículo recordando los 20 años del plebiscito) quisieron desconocer el resultado del 5 de octubre, quedó claro que ni las otras ramas del Ejército ni los civiles en el gobierno estaban dispuestos a acompañarlos. Los resultados del proceso eleccionario que la misma dictadura había diseñado simplemente no podían ser ignorados sin destrozar al mismo tiempo las bases de la legitimidad del régimen a los ojos de sus propios partidarios.

 

No pretendo con esto sugerir que la dictadura no fue brutal ni que las atrocidades que se cometieron pueden ser absueltas por un acto final de redención en la entrega semi- voluntaria del poder. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser compensados con otros actos, ni mucho menos con el argumento del crecimiento económico que a veces se esgrime, como si nuestro bienestar material o incluso la reducción de la pobreza fueran moralmente equivalentes a la tortura y ejecución de individuos “indeseables” para un régimen. En esto, el liberalismo político es claro: argumentos utilitaristas no pueden nunca pasar por arriba de los derechos fundamentales de las personas, porque como dice Rawls, el hacerlo supondría tratar a los seres humanos como medios (es decir, sacrificables a un fin superior) y no como fines en sí mismos. Pero nada de esto le quita ni le pone a la observación, puramente empírica, de que la transición chilena fue literalmente excepcional. Ni tampoco afecta la observación, esta más evaluativa, de que hay mucho por lo cual estar agradecido en la forma en que partidarios y opositores al régimen llevaron a cabo la transición. Al privilegiar la paz por sobre la violencia política y al cumplir de lado y lado las promesas mutuas hechas en los difíciles años ‘80, sentaron las bases de confianza mutua y legitimidad institucional que nos han dado casi 20 años de progreso económico y social sin precedentes.

 

Después de la larga conversación sobre Chile, quise corresponder y le pregunté a mi compañero cómo había sido la transición en Albania (que fue gobernada por Enver Hoxha por más de 35 años, hasta 1985). No me quiso contar mucho- sólo se rió amargamente y me dijo, “bueno, ciertamente no hubo ‘conversaciones con la oposición’. La oposición estaba 6 pies bajo tierra”.

 

Me di cuenta que estaba recién llegado a Oxford, pero que ya había tenido mi primera lección en política comparada.