ESTRECHEZ DE CORAZÓN

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 19 de agosto de 2016)

Uno de los hitos más llamativos de la marcha “No+AFP” fue la moralización del problema político. El veredicto de la calle era lapidario: quienes administran los fondos previsionales de los chilenos son unos ladrones. A través de un gran esquema ideado en dictadura, han montado un sistema que sistemática y deliberadamente defrauda a la ciudadanía. No se trataría –solamente- de un modelo ineficiente para asegurar una vejez pecuniariamente digna. No es que los principios que justifican la mecánica de capitalización individual sean ideológicamente deficientes -aunque también hay parte de ello. Junto a la crítica práctica y teórica que recae sobre las AFP’s, se colaba como un virus la idea de que un grupo de personas de carne y hueso tenía un tinglado armado para quedarse con nuestra plata. Es un fenómeno tan interesante como preocupante.

Interesante, porque usualmente bastan las dos primeras –la cuestión de la capacidad de una política pública para cumplir sus promesas y a cuestión de los fundamentos normativos de la misma- para construir una demanda robusta. No en todos los reclamos sociales va explícita una acusación personal de una manera tan nítida. Es una variable adicional, no necesaria. Pero que dota al movimiento de una rabia particularmente movilizadora: los malos ya están identificados. Preocupante, porque con esos niveles de confianza pública –especialmente respecto de uno de los actores en la mesa- se dificulta el acuerdo amplio que busca patrocinar la Presidenta Bachelet. Sin embargo, ninguna institución se sostiene en el tiempo con un déficit tan pronunciado de legitimidad. En otras palabras, la sobrevivencia de las AFP’s depende de varias cosas pero entre ellas de su propia habilidad para recrear esas condiciones de aceptabilidad social. O, como mínimo, que sean capaces de atenuar la mácula reputacional que los acompaña. Mejor que pasen como ineficientes o burocráticos. Como cantaba González, se puede entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no se va a aguantar estrechez de corazón.

De la dimensión “técnico-económica” del problema se ha escrito mucho. Gran parte se reduce al anhelo básico y central de gozar de una jubilación decente, cuestión que no se está cumpliendo para demasiada gente. De ahí que el debate entre el sistema actual y sus alternativas dependa de datos duros en materia de ahorro, rentabilidades, demografías, comisiones y años de trabajo. Así por ejemplo, cuando la Presidenta dice que no hay vuelta atrás a un sistema de reparto, lo que hace es reconocer las condiciones de (in)factibilidad del reparto tradicional, pero no juzga las propiedades normativas de un modelo de solidaridad intergeneracional. Hasta ahora, las AFP’s han participado en esta pura narrativa, sin moverse hacia la filosofía que sostiene el modelo. A sus defensores les exaspera –como lo vimos en el caso de José Piñera- que la gente en sus casas no entienda las virtudes numéricas del asunto.

Algunos intelectuales como Carlos Peña y Pablo Ortúzar han articulado el problema “político-ideológico” que subyace a la conversación sobre las pensiones. Peña homenajeó los principios del liberalismo-igualitario y recordó la idea de justicia Rawlsiana, ésa en la cual los individuos pactan un acuerdo social que los proteja a todos contra las arbitrarias contingencias del destino, y por tanto estén dispuestos a compartir parte de los frutos de la cooperación social. Ortúzar, por su parte, argumenta que el valor de la justicia intergeneracional debe medirse en base de la capacidad efectiva de la población para hacerse cargo de sus viejos. Es decir, se pregunta por los límites justos de la solidaridad. Como ambos señalan, son debates fundamentales. Sin embargo, es poco probable que sean muy relevantes para el ciudadano promedio, que básicamente quiere tener una buena pensión. La mayoría de la población, posiblemente, es tan práctica como Deng Xiaoping: le da lo mismo el color del principio, lo que le importa es que asegure un ingreso parecido a lo que ganaba cuando trabajaba.

Y luego viene, finalmente, esta tercera dimensión profundamente condenatoria de las intenciones éticas de quienes participan –e incluso defienden- el sistema de pensiones. No sólo del privado. Sin la chispa que encendió la abultada pensión de la señora Olate en Gendarmería, probablemente no habríamos tenido el incendio que tuvimos. El movimiento para derribar a las AFP’s no es nuevo. El malestar tampoco. Pero faltaba la infracción moral para combustionar la indignación. En esto, políticos y empresarios caen –hasta cierto punto- en el mismo saco. Al senador Navarro –histórico enemigo del sistema- lo sacaron a chuchadas de la manifestación. “Ladrón”, “Corrupto”, le gritaron. Ni a los representantes del PC los dejaron marchar en Iquique. A José Piñera lo pintaron, en un grafiti, tras las rejas. La sensación instalada es que unos y otros se hacen ricos a costa del pueblo: los políticos trabajan poco y ganan millones, e instalan a sus familiares en lugares estratégicos para sacar pensiones de lujo. Los dueños de las AFP’s nadan en billetes gracias a sus abusivas comisiones negras. Es una narrativa agria. Pero ya lo decía Zurita, “Chile entero es un desierto… no hay un alma que camine por sus calles, y solo los malos parecieran estar en todas partes”.

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