EL ‘VAR’ DE LA POLÍTICA

por Cristóbal Bellolio (publicada en Las Últimas Noticias del 13 de agosto de 2017)

La suerte del recién aprobado proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales está ahora en manos del Tribunal Constitucional (TC). Hay mucha gente que considera que dicha institución le hace trampa a la democracia. A fin de cuentas, el TC funciona como una especie de tercera cámara legislativa, con la salvedad que sus miembros no fueron electos directamente por la ciudadanía para tal efecto. Resuena con el recuerdo de los senadores designados.

Sin embargo, en principio y en todo el mundo, los TC juegan un rol relevante en el resguardo de ciertos derechos fundamentales que -al menos en las democracias liberales- no deben ser pasados a llevar por mayorías parlamentarias circunstanciales. En ese sentido, el TC es como el VAR de la política: independiente del fallo original del árbitro del partido, los jueces en la caseta pueden dictaminar un cobro diferente. Aunque a veces nos indigne -especialmente cuando el cobro definitivo nos perjudica- lo cierto es que el VAR entrega una sentencia menos excitante pero más apegada a la justicia del reglamento.

Por lo anterior, recurrir al TC después de perder una batalla legislativa no necesariamente convierte al recurrente en un mal perdedor. De hecho, en teoría, el papel del TC es que no haya malos ganadores en el proceso de formación de la ley. Hasta ahí, todo bien: la derecha está por tanto en su derecho de apelar a su derrota respecto del aborto.

El problema es que nuestro TC está cuoteado políticamente de tal manera que se parece más a una tercera cámara que a un órgano independiente de eximios juristas constitucionales. Es cierto: no cualquiera llega a integrar el TC. Pero el requisito esencial parece ser la capacidad de representar ciertas sensibilidades ideológicas. De muestra un botón: el último en entrar fue un ex diputado UDI.

Dicho de otra manera, nuestro problema no debiera ser con el TC como institución sino con su modelo de composición. Es esto último lo que atenta contra su legitimidad en el contexto de un sistema democrático. Mientras aquello no se corrija, las cruciales atribuciones del TC seguirán en tela de juicio.

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